La Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social (IGTSS) resolvió sancionar a la empresa Riogas SA con una multa de 528 unidades reajustables –una suma equivalente a 920.000 pesos uruguayos– después de haber acreditado la existencia de violaciones al libre ejercicio de la libertad sindical, conforme a lo establecido en los artículos 7, 39, 54 y 72 de la Constitución de la República, en el marco del conflicto que atravesó el sector durante la anterior administración.

De acuerdo con la resolución, a la que tuvo acceso la diaria, la IGTSS intimó a la empresa a que, “en el plazo de 90 días siguientes a la notificación de este expediente, disponga que los encargados y supervisores de la empresa realicen un curso de gestión de personal ante Inefop [Instituto Nacional del Empleo y Formación Profesional], en el que deberá prestarse especial énfasis en el respeto de los derechos de los trabajadores, con el fin de establecer una política de prevención y actuación ante situaciones de acoso moral, sexual, discriminación y otras que puedan vulnerar los derechos de cualquier trabajador”. La empresa también deberá “acreditar en el plazo referido el contenido de dicho curso y el tiempo que insumió su realización a los involucrados”. Asimismo, Riogas tendrá que pagar la multa económica en un plazo de diez días hábiles.

En diálogo con la diaria, el vocero del Sindicato Único de Trabajadores del Supergás (SUTS), Andrés Guichón, dijo que esta resolución supone “una sensación contradictoria”: “Son sentimientos encontrados que tenemos, porque se demuestra justamente que fue válida la lucha que dimos en ese momento, que recorrimos el camino que correspondía, con las denuncias… Por ese lado es satisfactorio, era lo que esperábamos”.

Pero, por otro lado, Guichón sostuvo que “el sentimiento es algo amargo, porque pasaron tres años”. El dirigente sindical recordó que a partir de 2020 “hubo despidos en todos los sectores del supergás”, así como “precarización laboral, parcializaciones, reestructuras y desmantelamiento de la organización sindical”. “Eso es una realidad que no se puede negar, independientemente de la simpatía política que pueda tener uno por quien quiera”, afirmó Guichón, y cuestionó la actuación que tuvo el entonces ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, al “permitir que todo eso pase”.

Consultado sobre el vínculo actual con Riogas, Guichón dijo que “no hay prácticamente diálogo entre la empresa y el gremio”.

“El daño ya está hecho”, afirmó el SUTS mediante un comunicado

En un comunicado el SUTS sostuvo que “este fallo no hace más que ratificar lo que denunciamos durante años”, esto es, “despidos arbitrarios e injustificados, incluyendo a delegados sindicales, hostigamiento y amenazas contra trabajadores organizados”. Según el sindicato, hubo “una política empresarial que buscó quebrar la organización sindical” y que contó con “la complicidad del Ministerio de Trabajo de la administración anterior, que durante todo este proceso optó por mirar hacia otro lado”.

El SUTS sostiene que “la resolución de la IGTSS llega tres años tarde” y marca que, durante ese tiempo, “perdimos compañeros y compañeras que no pudimos reincorporar, se deterioraron condiciones laborales y salariales y se sembró el miedo como herramienta de control”. “El daño ya está hecho”, afirma el sindicato.

Por otra parte, el comunicado sostiene que la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) “facilitó este atropello” al otorgar “cobertura legal y simbólica a la ofensiva contra los derechos laborales y sindicales”. “Fue en ese clima que las patronales se sintieron habilitadas para avasallar”, afirma el sindicato, que exige al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que “asuma de una vez por todas su rol, actúe con celeridad y responsabilidad, y garantice que las inspecciones no se transformen en simulacros que llegan cuando ya es tarde”.