Nadia Angelucci

“Con el juicio al Plan Cóndor en Roma hemos demostrado que la historia no encuentra en sí misma mecanismos de autoprotección, que el derecho y la justicia son necesarios para restablecer el orden. A pesar de lo que han expresado algunos abogados defensores de los acusados, que querían demostrar que este proceso fue un intento inútil de juzgar la historia, creemos que lo que constituye una comunidad es la ley, y por eso ha sido sumamente importante llegar a un juicio y a una sentencia, aunque eso haya pasado a 40 años de los hechos”.

“Concluyendo mis declaraciones, siento la necesidad de hacer un fuerte llamado a los imputados. Desde hace 40 años no tenemos noticias de los cuerpos de los desaparecidos ni de los niños secuestrados y apropiados. Si saben algo, hablen. Tendrán que pagar por lo que hicieron, ante Dios -para quien es creyente- y ante los hombres. Todavía tienen un mes de tiempo, todavía una ocasión que nos pueda mostrar que tienen misericordia”. Con estas palabras, el abogado Angelo Paolo Sodani, representante de la parte civil Cristina Mihura en el caso de la desaparición de Bernardo Arnone, terminó su alegato final en un aula silenciosa y compasiva.

Alrededor de las 15.00 del 14 de octubre, la fiscal Tiziana Cugini concluyó su requisitoria y presentó a la Tercera Corte de Asís, de Roma, sus pedidos para los imputados en el juicio por el Plan Cóndor. De un total de 33 imputados, fueron solicitadas 27 cadenas perpetuas, cinco absoluciones por extinción del crimen por muerte del reo y una absolución por no haber cometido los crímenes objeto del juicio. Durante toda la mañana, la fiscal Cugini había reconstruido en su requisitoria los hechos relativos a los casos de algunos chilenos y uruguayos que no había sido posible concluir en la audiencia antecedente.

En la audiencia de Roma para el Plan Cóndor de ayer la corte presidida por la jueza Evelina Canale escuchó a cinco testigos: dos de Uruguay, convocados por el abogado Fabio Maria Galiani, dos de la Fiscalía y uno del abogado Andrea Speranzoni, defensor civil para los casos de Maino, Montiglio (Chile), Sobrino, Artigas (Uruguay), para el Partido Comunista de Chile y la Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores. Uno de los testimonios reveló que un oficial de Fusileros Navales viajó a Holanda en 1978 para frenar la campaña por la liberación de presos políticos.