Con la firma del presidente de la República Yamandú Orsi y del ministro de Educación y Cultura José Carlos Mahía, el Poder Ejecutivo resolvió derogar el decreto que actualizaba la regulación sobre la educación terciaria privada, que había sido aprobado pocos días después de que se conociera el resultado del balotaje de las elecciones nacionales.
Dicho decreto generó un mecanismo por el cual las universidades privadas con más de 20 años de actividad y sin observaciones graves podían solicitar la autorización definitiva, que implica un mayor grado de autonomía, por ejemplo, para la aprobación de nuevas carreras, la modificación de los planes de estudio y la apertura de nuevas sedes. El procedimiento fue reglamentado, pero, sobre la marcha, el gobierno anterior lo modificó, lo que, de acuerdo a las autoridades que asumieron en marzo de este año, implicó un “vicio de forma” por el que estaban considerando revocar las autorizaciones otorgadas a seis universidades. Dichas autorizaciones fueron resueltas por el exministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, a pocos días de dejar el cargo.
Luego de que las seis universidades implicadas plantearon cuestionamientos a la definición de las nuevas autoridades y pidieron que se mantuvieran las autorizaciones definitivas, el Poder Ejecutivo optó por derogar todo el decreto, lo que implica que caigan dichas autorizaciones.
El Ministerio de Educación y Cultura ya había manifestado a las autoridades de las universidades privadas su idea de generar un nuevo decreto que, a diferencia del anterior, fuera elaborado de forma participativa. Si bien las universidades estaban de acuerdo con esa idea, insistieron en que las autorizaciones definitivas no fueran retiradas, en el entendido de que muchas de ellas ya habían comenzado a tomar decisiones con el nuevo marco de mayor autonomía que les fue concedido.
Entre los argumentos que presenta el decreto que deroga al aprobado en noviembre de 2024, el Poder Ejecutivo alude a que dicha norma fue elaborada sin haber escuchado al Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada (CCETP) ni tampoco a la Comisión Coordinadora de la Educación, que “tiene como cometido coordinar, concertar y emitir opinión sobre las políticas educativas”, según se cita. Por su parte, se menciona que cinco de ocho de los integrantes del CCETP, entre ellos los representantes de las instituciones privadas, manifestaron su sorpresa por el decreto aprobado y la inconveniencia de la fecha en que fue sancionado, además de que les hubiera interesado realizar aportes a su contenido.
En ese sentido, el nuevo decreto reestablece el marco normativo que regía anteriormente, correspondiente a un decreto de 2014, y confirma la disposición del MEC de discutir participativamente un nuevo decreto, en el entendido de que no sólo tiene efectos para las universidades privadas sino para todo el sistema educativo terciario. Además, se encomienda directamente al CCETP que inicie dicho proceso.