Perspectivas económicas: ¿qué se puede esperar en el corto plazo?

Crecimiento

Según este relevamiento, la economía uruguaya crecería 2,5% durante este año, lo que implica una moderación con respecto a lo observado el año anterior (3,1%). Para 2026 y 2027, por su parte, las respuestas de los analistas consultados anticipan una expansión de 2% anual. Estas estimaciones son las mismas que surgen del relevamiento anterior para este año y el siguiente, pero implican un recorte de tres décimas en el caso de 2027 (en mayo se proyectaba un crecimiento de 2,3% para este año).

Como ha reiterado el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, en múltiples oportunidades, “el corazón de la política económica es el crecimiento”, dado que constituye una condición necesaria –no suficiente– para abordar los múltiples desafíos que tiene por delante el nuevo gobierno.

Durante la última década, el crecimiento anual promedio fue de apenas 1,1%, lo que contrasta fuertemente con el dinamismo observado entre 2005 y 2014 (5,4% anual en promedio). Para revertir esta situación, que “ya se cargó a dos gobiernos”,¹ es clave apuntalar la inversión. En ese sentido, Oddone señaló que para crecer más se requiere una inversión promedio del orden del 20% del PIB, lo que implica un incremento de cuatro puntos porcentuales con relación al nivel actual, que se ubica en torno al 16%.

Esto implica retomar los umbrales alcanzados entre 2012 y 2013, para lo que se necesita impulsar la inversión hasta los 16.000 millones de dólares anuales (4.000 millones de dólares en el caso de la inversión pública y 12.000 millones de dólares en el caso de la privada).

Para lograr esa meta, indicó, Uruguay “debe consolidar la estabilidad macroeconómica, trazar una senda fiscal creíble y sostenible en el período y establecer reglas de juego claras, con estímulos a la inversión”, además de promover una reducción adicional de la inflación que permita “aumentar los ingresos de los trabajadores y, sobre todo, de las personas más vulnerables”.² Son desafíos complejos, teniendo en cuenta las restricciones que surgen del escenario externo y del punto de partida con el que arranca el gobierno, principalmente en el frente fiscal.³

Mercado laboral

En este caso, el relevamiento incluye las perspectivas sobre la tasa de empleo, que refleja la evolución de la demanda laboral, y sobre la tasa de desempleo, que cuantifica el desequilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo.

En el primer caso, las expectativas de los analistas no han cambiado sustancialmente y sugieren un panorama de relativa estabilidad para el empleo. Concretamente, la tasa anual promedio para este año se ubicaría en torno a 59,5%, apenas cinco décimas por encima de la registrada el año pasado, y en torno a 59,1% en 2026.

En el segundo caso la situación es similar, dado que no se esperan variaciones relevantes para la tasa de desempleo durante el próximo bienio: según las proyecciones, la desocupación alcanzaría el 8,1% de la población activa durante este año y el 8,2% durante el siguiente, niveles similares a los alcanzados en 2023 y 2024.

Este diagnóstico está en línea con el que surge del último relevamiento semestral de expectativas empresariales, a cargo de la consultora Exante. De la última edición de esta encuesta se desprende que volvió a caer la proporción de personas que prevé un aumento del empleo en su empresa, al tiempo que se incrementó la de quienes anticipan un retroceso.

Concretamente, el 23% de los empresarios consultados indicó que el próximo año su empresa empleará a más trabajadores (24% en octubre) y el 18% sugiere que empleará a menos (13% en octubre). Esto podría indicar, señala el documento, un escenario de relativa estabilidad para el empleo, tras un 2023-2024 de “fuerte creación de puestos de trabajo”.

Del mismo informe surge que la razón principal que restringe las decisiones de contratación de las empresas es el “salario real elevado”, seguido por el “bajo volumen de negocios” y por la “disponibilidad de tecnologías ahorradoras de mano de obra”.

Marco fiscal 

En lo que refiere a las finanzas públicas, los analistas encuestados en junio por el BCU esperan un déficit fiscal de 4% del PIB para el sector público consolidado durante este año, lo que no supone un cambio relevante con relación a la situación actual. Para los próximos años, las respuestas sugieren una leve corrección del déficit, que se ubicaría en torno a 3,9% en 2026 y 3,7% en 2027.

Para el ministro Oddone, la situación fiscal del país es “desafiante pero manejable”, a pesar de que se parte de una situación más restrictiva de lo previsto meses atrás producto de la mejora “artificial” que supuso la postergación de gastos y el adelanto de ingresos en 2024, dos factores que pesarán este año.

Inflación

En este frente es donde se constatan los mayores avances, dado que las expectativas de inflación volvieron a moderarse y comienzan a estar más alineadas con el objetivo del Banco Central. Con relación al relevamiento de mayo, la mejora se extiende a los tres años que conforman el horizonte de proyección de esta encuesta.

Para este año, los analistas esperan ahora una inflación del 5%, lo que implica una mejora de cuatro décimas frente al pronóstico del mes pasado. En el caso del año que viene la mejora también es de cuatro décimas, en tanto la proyección pasó de 5,7% a 5,3%, Finalmente, de cara a 2027, las respuestas relevadas apuntan a un registro del entorno de 5,2% (tres décimas menos de lo que sugería la encuesta de mayo).

Tasa de política monetaria

En este frente, los analistas visualizan una leve relajación de la política monetaria, que cerraría el año 25 puntos básicos por debajo de su nivel actual (9,25%). Este sesgo expansivo se mantendría en 2026 y se prolongaría también hacia 2027, dado que se espera una reducción adicional de la tasa para esos horizontes, aunque estará condicionado por el éxito que tenga el BCU al encauzar la inflación hacia la meta del 4,5%.

El nuevo presidente de la institución, Guillermo Tolosa, ha sido enfático al marcar la importancia de alcanzar este hito y lograr un avance histórico en este frente, continuando los esfuerzos realizados durante las últimas décadas en materia de estabilización. Desde que se inauguró el régimen actual de metas de inflación, la variación de los precios permaneció por primera vez durante dos años dentro del rango de tolerancia, que se extiende 1,5 puntos porcentuales hacia arriba y hacia abajo de la meta puntual (4,5%).

Como señaló Oddone hace dos semanas, en el marco del ciclo de eventos realizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, “nosotros hemos venido a refinar y terminar de modernizar lo que era el régimen monetario. En particular, hemos cambiado el rango meta en política monetaria a un rango de tolerancia, y la meta está focalizada en un solo punto, que es el 4,5%. Hoy tenemos una meta clara y todos nuestros esfuerzos están dirigidos a alcanzarla”.

Tipo de cambio

En contraste con la trayectoria reciente del tipo de cambio, los analistas conjeturan un leve repunte para los próximos años, en línea con la situación actual en materia de precios relativos, es decir, con el encarecimiento que caracteriza a nuestro país frente al universo relevante de socios comerciales (especialmente con Brasil) y economías competidoras. Concretamente, el dólar cerraría este año cotizando en torno a los 42,4 pesos, aumentando levemente hasta los 43,8 pesos al cierre de 2026.

Desde el último pico (44,7 pesos por dólar), alcanzado el 12 de diciembre del año pasado, la cotización del dólar cayó más del 10% y se aproxima nuevamente a los 40 pesos. Esta tendencia se inscribe en un proceso global de debilitamiento del dólar (o, lo que es lo mismo, de un fenómeno de apreciación del resto de las monedas), asociado al pesimismo sobre la marcha de la economía estadounidense, a los ataques sistemáticos de Donald Trump a la independencia de la Reserva Federal y también a la fragilidad de las finanzas públicas (que ha provocado la pérdida de la calificación “AAA” de su deuda).⁴